Ayer hablaba de las redes sociales como un medio de contacto directo entre el ciudadano y algunos cargos públicos, incluso también con los partidos políticos. Sin embargo, se plantea una pregunta de lo más interesante sobre la que no está de más elucubrar, ¿pueden servir las redes sociales para ejercer una función fiscalizadora de la labor de los políticos?
De entrada, podemos aprobar o suspender nuestra confianza en ellos por medio de las elecciones cada cuatro años, lo cual a todas luces resulta insuficiente, pues las decisiones sobre cuestiones puntuales dejan de estar sujetas al albedrío de los ciudadanos, sobre los que recaen siempre esas decisiones. Es verdad que podemos valorar a nivel global su labor, y concederles el voto si esta valoración es positiva o dárselo a otro partido si es negativa, o incluso utilizar el tan temido castigo ideológico de la abstención, pero en las decisiones puntuales nuestra opinión prácticamente no cuenta, ya que una vez elegidos pueden hacer lo que quieran. Entonces nos queda el derecho a la pataleta, a mandar escritos de protesta o incluso a recurrir las decisiones en otras instancias, sin embargo, la efectividad de estas medidas suele ser sino nula al menos si muy limitada.
Las redes sociales se han convertido rápidamente en un medio para transmitir esas protestas y para difundir nuestras quejas sobre aquellos aspectos de la gestión de los políticos con las que no estamos de acuerdo. A ello ha contribuido sin duda la facilidad de adhesión a las protestas, en las que podemos participar con un sólo click. Esa facilidad crece a medida que la causa es seguida por más personas, ya que nuestra adhesión pasa más desapercibida, además tampoco obliga a identificarse con nombre propio u otros datos personales, por lo que la gente se siente segura de no sufrir represalias por ese apoyo.
El poder mediático de las redes sociales y la velocidad con la que trascienden las cuestiones de todo tipo en ellas las podría convertir en un medio de moderación de los poderes públicos, pero se tendrían que dar unas condiciones muy específicas para que ello sucediera: que los políticos participasen activamente en las redes y tuvieran en cuenta las opiniones de los ciudadanos que las utilizasen, que fuese una cantidad representativa de gente la que usase las redes y que no lo hiciese bajo identidades ficticias o falsas, todo ello con el objeto de que sirviese de medio para refrendar o rechazar las cuestiones planteadas.
Aun es muy pronto, las redes aun no pueden servir para esto, dado que son maleables y hasta se pueden generar en ellas falsos estados de opinión dirigidos a desprestigiar al adversario político o crear grupos de protesta artificiales compuestos por gente anónima. No dejan de ser un estupendo medio para publicitar esas quejas o propuestas, pero no pueden ser un medio de presión, porque no obedecen a ningún tipo de norma, no conforman un colectivo regulado con el que se pueda negociar, ya que todos son portavoces de sí mismos, ni garantizan de ninguna forma que las opiniones que circulan por las redes puedan ser las de una mayoría significativa.
De momento hay que seguir usando otros medios o incluso abogar por la implantación de otros nuevos. Así las asociaciones de vecinos, los colectivos de todo tipo siguen siendo más coercitivos, la acción directa y personal por medio de la entrevista con el político, las protestas en la calle con pancartas y eslóganes, las huelgas, etc., siguen siendo los medios más utilizados, pero podemos pedir la creación de otro tipo de órganos, por ejemplo, consejos de participación ciudadana, consejos sectoriales con representantes del área a que se refieran, presupuestos participativos, sistemas para pulsar la opinión de los ciudadanos como buzones de sugerencias, encuestas o incluso el uso referéndum a nivel de barrio, pedanía o municipio. Y ¿por qué no? con el apoyo de las redes sociales para seguir reivindicando todo aquello que no nos parezca bien.
